Público
Expertos en el asesoramiento a empresas y particulares en materia administrativa, mediante la tramitación de recursos en vía administrativa y ante los juzgados y tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, tanto en materia de procedimientos sancionadores, como de responsabilidad patrimonial. Especialistas en las áreas de urbanismo y contratos del sector público.
En el Área de Urbanismo nuestro Despacho incluye el asesoramiento tanto en la fase de planeamiento (general o de desarrollo), como en la de gestión y ejecución urbanística.
Nuestra labor de asesoramiento supone tanto la participación en equipos multidisciplinares de técnicos y profesionales (arquitectos, ingenierías, etc.) como el asesoramiento directo al cliente para facilitarle la toma de decisiones en esta materia, mediante:
- Realización de auditorías legales (due diligence urbanística).
- Negociación de convenios urbanísticos.
- Participación en la negociación ante las Administraciones Públicas.
- Negociación de contratos de obras de urbanización (incluida la actuación como agente urbanizador).
- Constitución y gestión de comisiones gestoras y de entidades urbanísticas colaboradoras (entidades de conservación, Juntas de Compensación, etc.).
- Elaboración y tramitación de proyectos de reparcelación o compensación.
- Proyectos de Actuación.
- Asesoramiento jurídico en materia de expropiación forzosa.
- Asesoramiento jurídico en la tramitación y obtención de licencias urbanísticas y demás permisos y autorizaciones administrativas que afectan al proceso constructivo y urbanizador.
- Asesoramiento jurídico en procedimientos sancionadores en materia de disciplina urbanística.
En el Área de contratación del Sector Público, el Despacho asesora a los clientes (contratistas o concesionarios) y a las Administraciones públicas y entidades del sector público en todo tipo de licitaciones, mediante la preparación de pliegos de cláusulas administrativas, asesoramiento a los licitadores en la preparación de ofertas, modificación de contrato, así como elaboración de recursos administrativos (recurso especial en materia de contratación) y procedimientos contencioso-administrativos de impugnación de los acuerdos adoptados en proceso de licitación hasta su adjudicación.